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INTRODUCCIÓN

La Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada en París el 10 de diciembre de 1948, buscó enfrentar los grandes males que en las décadas anteriores conoció la humanidad. Como nunca antes, se manifestaron e hicieron visibles las posibilidades de destrucción de los seres humanos mediante la utilización del Estado y sus poderes políticos y jurídicos. La Declaración buscó eliminar tales atrocidades mediante la reafirmación de la dignidad de todas las personas a partir del reconocimiento de derechos postulados como innatos. Un generoso listado de ellos quedó establecido en la Declaración. A partir de entonces, conjuntamente con otros instrumentos internacionales, se buscó alcanzar el mismo objetivo. Todos estos ordenamientos buscaban evitar la instrumentalización de los seres humanos y dotarlos de amplias posibilidades para construir su existencia. Pensar, crear, elegir y ser quisieron garantizarse con derechos particulares susceptibles de enfrentarse a las administraciones públicas, identificadas entonces como causa de grandes males.

El otorgamiento de derechos ha logrado aliviar algunos de los problemas individuales y sociales, pero no ha sido capaz de resolver otras muchas situaciones. El pasar de los años ha puesto de manifiesto que la mera titularidad de derechos no es suficiente para transformar la realidad cotidiana; que los poderes públicos y privados no van a cambiar su actuación por el solo reconocimiento de derechos en favor de personas o colectivos. Los titulares de derechos tenemos que asumir nuestra situación no como algo dado de una vez y para siempre, sino como un atributo que requiere ejercerse y actualizarse cada día. Por paradójico que parezca, tenemos que obligarnos con nosotros mismos y con nuestras comunidades a ejercer nuestros derechos. Tenemos, también, que reconocer que nuestra condición de personas conlleva el cumplimiento de deberes y obligaciones para con nosotros mismos, la colectividad y las generaciones futuras.

De manera escueta, pero no por ello menor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos impuso en su artículo 29 deberes para con nuestra comunidad, al asumir que solo así podíamos desarrollar libre y plenamente nuestra personalidad. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial que acababa de dejarse atrás y el reconocimiento de sus barbaridades, llevó a fijar la atención en los derechos relegando los deberes.

El compromiso con los otros y con la sociedad en la que se vivía, fue pospuesto en la búsqueda de la afirmación individual. Nada hubo de reprochable en momentos tan dolorosos. Sin embargo, el pasar de los años ha mostrado la necesidad de que las personas como individuos y parte de colectividades luchen por afirmar sus derechos y condición social. Igualmente se ha puesto de manifiesto la urgencia de aceptar a plenitud la observancia de su precondición: el cumplimiento de los deberes y obligaciones que a cada cual le corresponden jurídica y moralmente.

A lo largo de las últimas décadas asistimos efectivamente a una toma de conciencia: los derechos son una herramienta indispensable para la construcción de la individualidad, pero ello requiere, a su vez, de la construcción de lo social, del todo en el que se está. Para lograr un desarrollo pleno y auténtico, y realizar cabalmente el proceso de humanización, necesitamos pensar y pensarnos como partes de ese todo y asumir la cosa pública como el hábitat social que nos da posibilidades porque nuestra contribución es una fuente de sentido. Nosotros, en lo individual o en las agrupaciones a las que hemos decidido incorporarnos, necesitamos entender que junto a la exigencia de cumplimiento de nuestros derechos, tenemos que cumplir con deberes y obligaciones que incluyen demandar a nuestros Estados el respeto y garantía de los mismos, porque el Estado nunca queda eximido de su responsabilidad de garante.

La mencionada toma de conciencia se ha reflejado en distintas iniciativas tendentes a explicitar los deberes de las personas en el plano nacional e internacional. La primera de todas, de corte estrictamente regional, fue la inclusión del segundo capítulo, destinado a los Deberes, en la “Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre”, de 1948. Los Estados americanos reunidos en la IX Conferencia Internacional Americana advirtieron que: mientras los derechos resaltan la libertad, los deberes expresan la dignidad con la que se ejerce la libertad. En 1988, un grupo de notables personalidades formularon la “Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos”, la cual tuvo como propósito, en sus propias palabras, subrayar:

que la asunción de las obligaciones y responsabilidades implícitas en los derechos humanos y libertades fundamentales recae en todos los miembros de la comunidad mundial, incluyendo los Estados, las organizaciones internacionales, las regionales y subregionales, así como las intergubernamentales, los sectores privado y público, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de ciudadanos, otros representantes de la sociedad civil así como todos los miembros individuales de la familia humana.

En el año de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas”, en cuyo artículo 18 se reiteró la importancia de que cada cual asuma sus deberes y obligaciones como eje para la transformación individual y colectiva. En febrero de 2002, la propia Asamblea General emitió una nueva resolución a fin de exhortar a los Estados miembros a lograr el cumplimiento de esos derechos, deberes y obligaciones.

A partir de esos años, diversos esfuerzos nacionales se han llevado a cabo para incluir en los respectivos textos constitucionales un mayor número de obligaciones y responsabilidades para sus ciudadanos.

En 2016, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación José Saramago y la World Future Society (Capítulo México), recogieron los esfuerzos precedentes a fin de darle un nuevo impulso al establecimiento de deberes, obligaciones y responsabilidades de seres humanos y colectivos sociales. Como conclusión de los distintos encuentros realizados, se señaló que:

La proliferación en el reconocimiento de derechos ha provocado una comprensión equivocada. Numerosas personas han supuesto que los derechos no tienen correspondencia con las obligaciones. Es como si se pensara que un individuo ha asumido todos los derechos para su crecimiento y la obtención de sus satisfactores, sin que ello le implique asumir carga alguna para consigo mismo, sus semejantes, el entorno que lo rodea o para con el Estado. Es necesario pensar el mundo de los derechos en clave de corresponsabilidad.

Desde los esfuerzos de la UNESCO, de la Asamblea General de Naciones Unidas o de las Constituciones nacionales y hasta la fecha presente, se han planteado nuevas posibilidades y retos. Por una parte, las expectativas de vida de la población han aumentado considerablemente; las redes sociodigitales han abierto posibilidades liberadoras de comunicación e intercambio de información; los procesos democráticos formales se han incrementado; el derecho internacional y sus posibilidades supervisoras se ha extendido en algunos espacios; la toma de responsabilidades de ciertos sectores se ha hecho presente; algunas diversidades y la centralidad de la igualdad de género han sido reconocidas y están transformando nuestra convivencia.

Sin embargo, el medio ambiente se encuentra actualmente más amenazado y deteriorado; el avance de los procesos democráticos es cuestionado por quienes piensan que no siempre llevan a elegir a las mejores personas para el desempeño de los cargos públicos; el derecho tiene componentes que lo han hecho parte del proceso mismo de dominación; el empleo y sus condiciones de realización se han degradado y resultan enajenantes para muchos; las corporaciones cuentan con mayores espacios para instrumentalizar a individuos y gobiernos abriéndoles la globalización a nuevas formas de evasión de sus deberes y responsabilidades; las amenazas nucleares han reaparecido con particular virulencia; las opciones de ideologías políticas no ofrecen para muchos respuestas adecuadas; las personas se encuentran más solas y están siendo degradadas por una alarmante cantidad de causas; las desigualdades crecen y se institucionalizan.

El panorama vigente y previsible lleva a preguntarnos por las posibilidades de liberación y emancipación y, en concreto, nos hace plantearnos si todo pasa por la exigencia de nuevos y mayores derechos o si, antes bien, tal exigencia debe ir acompañada de la plena asunción de un conjunto básico de deberes y obligaciones con especificación de distintos grados de responsabilidad. No debe perderse de vista, además, que la tendencia de la sociedad a construir relaciones en la Web, sin conocer el rostro de los otros, a vivir en “modernidad líquida” o en espacios públicos que apelan más a las emociones que a los hechos o al sentido de la responsabilidad colectiva, exigen una construcción ética que incida tanto en el ejercicio de los derechos como en los deberes. Las relaciones personales y con la naturaleza deberían estar presididas por esa manera de administrar nuestros derechos.

Retomando las visiones y los esfuerzos de muchas y valiosas personas, la presente propuesta pretende contribuir a la toma de posición de individuos y agrupaciones frente a su realidad presente y ante aquella que habremos de dejar a las futuras generaciones. Quiere identificar las obligaciones que debemos cumplir con respecto a nosotros mismos, nuestros semejantes, la sociedad y el medio ambiente en que habitamos también de cara a las generaciones futuras. La propuesta quiere hacer explícito aquello que en ocasiones se da por sentado o simplemente se ignora, aunque es condición indispensable para la realización de la individualidad y de la vida en comunidad. Se sustenta en la premisa de que la reiterada asunción y exigencia de derechos es condición necesaria para el desarrollo humano, pero no es suficiente para lograr los ambiciosos horizontes que como especie debemos alcanzar, ni para garantizar la sostenibilidad de las instituciones democráticas y del Estado de derecho.

Nuestra propuesta entiende y asume, antes que nada, las obligaciones del Estado para realizar los derechos reconocidos a las personas nacional e internacionalmente. Al hablar de los deberes y las obligaciones de individuos o agrupaciones, de ninguna manera se busca privar de responsabilidad a lo que en nuestro tiempo sigue siendo la forma más relevante de organización política y social. Muy por el contrario. Por su posición, el Estado debe ser el sujeto central de cumplimiento de los derechos y, en consecuencia, de satisfacción de las correspondientes obligaciones. Pensar en el Estado, dentro de este contexto, no es sino asumir que, al final, quienes actúan en nombre de él son personas físicas, reconocidas como funcionarios públicos y, por tanto, es en sus actividades donde se exige, con mayor énfasis, el ejercicio responsable de sus deberes: si el Estado es el espacio de lo público por antonomasia, sus funcionarios son los mejores canales para propiciar construcciones éticas en acciones colectivas. Como lo dispone el artículo 2.1 de la citada “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas” de 1999:

Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así́ como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.

Sin dejar de reconocer y de exigir el cumplimiento estricto de lo que se ha determinado como propio del Estado, es indispensable reconocer que algunos de los deberes jurídicos y obligaciones éticas indispensables para el cultivo del bien común trascienden a tal entidad política pues sin una ciudadanía activa y plenamente consciente de su posición en el mundo, será difícil llevar a cabo cualquier proceso de transformación. Igualmente se reconoce que los distintos colectivos y agrupaciones, y no sólo los individuos aisladamente, pueden tener, por el poder que acumulan o la función social que desarrollan, distintos grados de responsabilidad. Desde estas premisas nos preguntamos:

¿A qué estamos obligados para con nosotros mismos y con quienes nos sobrevendrán, los sujetos y organizaciones de nuestro tiempo? ¿Qué deben hacer además de afirmar sus innegables derechos, los grupos económico empresariales, las asociaciones civiles, las comunidades religiosas, los medios de comunicación, los partidos políticos o los individuos concretos que habitan la tierra? Más allá de desesperanzas y posibilidades particulares de realización, ¿a qué debiéramos estar obligados cada uno de nosotros, en función de nuestras circunstancias, capacidades y posibilidades, para con nosotros mismos, con los demás, con nuestra comunidad, con nuestro sistema de gobierno o con el espacio que habitamos? Que alguien o muchos lo sepan, no es suficiente para lograr acciones en la dirección correcta. Es necesario decirlo, postularlo, comprometerlo, para que las cosas empiecen a marchar en tal sentido. Así como desde hace años se viene pregonando la necesidad de que cada cual se asuma como sujeto pleno de derechos y sea capaz de entenderlos y ejercerlos, así también se hace necesario, a través de un ejercicio de educación cívica, hablar de los deberes y las obligaciones que tales titularidades imponen. Este es, finalmente, el objeto de esta propuesta: ayudarnos a tomar consciencia de que nuestra condición humana pasa, desde luego, por la plena titularidad de los derechos que hemos admitido como innatos a todos los seres humanos, pero también por la aceptación de deberes, obligaciones y responsabilidades para con nosotros mismos y para con los demás. Como lo expresó José Saramago en uno de los discursos pronunciados con motivo de la recepción del Premio Nobel de Literatura en 1998, refiriéndose al 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Nos fue propuesta una Declaración Universal de los Derechos Humanos y con eso creíamos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta de que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. El primer deber será exigir que esos derechos sean no sólo reconocidos sino también respetados y satisfechos. No es de esperar que los Gobiernos realicen en los próximos cincuenta años lo que no han hecho en estos que conmemoramos. Tomemos entonces, nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa. Con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez así el mundo comience a ser un poco mejor.